martes, 16 de febrero de 2021

PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NEGOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y EN QUÉ CASOS DEBE RESPONDER LA ASEGURADORA

 

La reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona dictada el pasado 3 de febrero de 2021 abre la puerta a muchos asegurados a una oleada de reclamaciones frente a sus compañías de seguro por el lapso de tiempo en que han estado cerrados sus establecimientos.

La referida sentencia estima el Recurso de Apelación interpuesto por el asegurado –que regentaba una pizzería- y declara que la pérdida de beneficios por la paralización de la actividad de un negocio de restauración, como consecuencia de los distintos instrumentos legales dictados por el Gobierno en la pandemia causada por el COVID-19, sí está cubierta en el seguro suscrito.

Ello no quiere decir que todo aquel que haya visto su negocio cerrado por imperativo legal pueda reclamar a su compañía de seguros, ya que dependerá del clausulado de la póliza y sus coberturas. De hecho,  el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que la contingencia no estaba cubierta al estar excluida en la póliza, tal y como esgrimió la compañía de seguros: “no cubrimos las pérdidas producidas, causadas, derivadas o resultantes de limitaciones o restricciones impuestas por cualquier Organismo o Autoridad Pública, o por cualquier otro caso de fuerza mayor, incluso requisa o destrucción, para la reparación de los daños o para el normal desarrollo de la actividad de negocio”. No obstante, en este caso concreto la Audiencia Provincial de Girona estima el Recurso de Apelación al entender que “la Sentencia impugnada, no tiene en cuenta las características del contrato de seguro, en orden a la naturaleza de las clausulas y su incidencia en el caso concreto, basando su decisión, pura y simplemente, en la prueba testifical rendida por parte de empleados o personas vinculadas con la aseguradora demandada, lo que "prima facie" les resta credibilidad objetiva” y por ello concluye que en este supuesto sí está cubierta la contingencia declarada y así obliga a la compañía al pago del siniestro declarado:

“el hecho de que la póliza examinada no contemple expresamente, la cobertura del riesgo referido a la paralización del negocio por la pandemia, impone que su exclusión en el condicionado general por la aseguradora, reclamaba los requisitos del art. 3 LCS (estar destacada de forma especial y aceptación por escrito del asegurado) y ello, por aplicación de los principios antes mencionados, referidos al contenido natural del contrato de seguro y a las expectativas que podía tener el asegurado, cuando acepto la póliza por ver cubierto, de manera expresa, "Pérdida de beneficios/Paralización de la actividad". Aceptar lo contrario, supondría tanto como restringir la cobertura esperada por el asegurado, dejando desnaturalizada la paralización del negocio cubierto, en principio, por el seguro contratado”.

Ada Vázquez Enguix

Abogada

viernes, 3 de julio de 2020

¿TIENE LA VIUDA LEGITIMACIÓN PARA INSTAR LA PARTICIÓN JUDICIAL?

Hace unas semanas tratamos una reciente sentencia del Tribunal Supremo en materia de Sucesiones, que había ganado recientemente A. Terol Abogados.

En el citado procedimiento se solicitó la entrega de legados por la viuda del causante, que concurría en la herencia junto a los hijos del primer matrimonio del mismo.

En segunda instancia la Sala Valenciana confirmó la legitimación de la viuda para el ejercicio de la acción para la división de herencia, ya que aunque matizaba que ello corresponde en principio y conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a cualquier heredero o legatario de parte alícuota, la falta de referencia expresa en el citado precepto al cónyuge viudo, se ha interpretar reconocimiento su legitimación activa. Por ello si conforme al artículo 782 de la Ley de la división judicial de la herencia la puede reclamar cualquier coheredero, un heredero legitimario también es un coheredero pudiendo en este caso la viuda pedir la división de la herencia con las operaciones particionales que ello conlleva.

Por todo ello concluye el Tribunal Supremo:

“aun cuando su posición jurídica no sea absolutamente idéntica a la del genuino sucesor universal, particularmente en la cuestión de la responsabilidad por deudas hereditarias (sentencia de 11 de enero de 1950), el viudo/a es legitimario, siendo la ley la que le atribuye directamente la legítima (sucesor ex lege). Y en todo caso, de lo que no cabe duda es de su derecho a promover el juicio de división de la herencia (art. 782.1 LEC), máxime en un supuesto como el presente en el que, al margen de su cuota legal usufructuaria, tiene por voluntad del causante el carácter de legataria de parte alícuota, al disponer en el testamento que «para el supuesto de que los bienes objeto del presente legado no cubrieran el tercio de libre disposición de la herencia […], además de la cuota legal usufructuaria que por ley corresponde a su esposa, ordena que se complete hasta dicho cómputo conjunto con dinero efectivo metálico de la titularidad del testador”.

Ada Vázquez Enguix

Abogada

jueves, 25 de junio de 2020

UN PASO MÁS EN LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS PLANES DE URBANISMO


El Tribunal Supremo sigue fijando doctrina sobre los efectos de la declaración de nulidad de los Planes de Urbanismo por vicios de procedimiento esenciales en la elaboración. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado un paso más, y aunque la sentencia 569/2020, de 27 de mayo sigue manteniendo que “los vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de los Planes de Urbanismo comportan la nulidad de pleno derecho de todo el Plan impugnado, sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los efectos de mantener la vigencia del Plan con una ulterior subsanación”, no obstante, añade que “en aquellos supuestos en que el vicio apreciado para la declaración de nulidad pueda individualizarse respecto de un determinado ámbito territorial del Plan o concretas determinaciones, sin que tenga relevancia alguna respecto del resto de ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto de esas concretas determinaciones, sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del procedimiento”.

En tal sentido se ha pronunciado en un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ de Canarias en un supuesto en el que se había omitido en la tramitación del Plan el informe preceptivo y vinculante de la Demarcación de Costas del Ministerio de Fomento, informe que considera “constituye un elemento esencial del procedimiento que tiene entidad suficiente para declarar la nulidad del Plan”.
No obstante, la Sala reconoce que es posible limitar tal declaración de nulidad cuando pueda individualizarse una concreta zona o sector, o unas concretas determinaciones de igual naturaleza, que tenga un grado de individualización tal que sus determinaciones no afecten al resto del territorio planificado, y en este caso en concreto considera que la zona afectada por la declaración de nulidad sólo afecta a la ordenación del litoral (artículo 117.2º de la Ley de Costas), lo que no incide en las restantes determinaciones generales que contempla el planeamiento, con un centro urbano muy alejado de la costa, lo cual autoriza a hacer esa individualización de los efectos de la sentencia.

Gemma Marí Orts
Abogada Urbanista